El conflicto se trata de que los pueblos originarios que habitan en el norte de la provincia de Salta. Principalmente de los pueblos wichí, chalet, guaraní, ava guaraní, chorote y toba. Están realizado manifestaciones para que se implemente políticas públicas en las cuales se respeten sus derechos más básicos, como el acceso a agua potable y asistencia sanitaria; y que se tengan en cuenta sus culturas, sus hábitos, sus tradiciones, sus idiomas y sus religiones
El 2 de abril de 2020 la
resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de
la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la
alimentación adecuada y al agua de los pueblos originarios. A partir de aquí
se ordenó medidas restitución de esos derechos. Pero sin embargo los pueblos
originarios acusan a Gustavo Sáenz (gobernador de Salta) de
no cumplir con el fallo.
El
cacique Lutsej Mendoza asegura que seguirán tomando medidas de fuerza si el
gobierno provincial no escucha sus reclamos: “Hasta el día de hoy no hay
soluciones, solo promesas. Son muchas cosas que venimos peleando hace bastante
tiempo y no se están cumpliendo”.
Desde
mi punto de vista como escritor, Salta tendría que hacer cumplir los derechos y
las condiciones básicas con es el agua potable y una alimentación adecuada. En
lo que es el aspecto de salud me parece que tendría que haber centros médicos con
personal que hable su dialecto y que no tengan que trasladarse 230 kilómetros
para una emergencia. Y algo que es muy impórtate es que el gobierno de salta no
discrimine a estos pueblos por al fin al cabo todos somos seres humanos.
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